El MINTEL como ente rector en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, fue convocado a la sesión extraordinaria del Gabinete Sectorial de Seguridad (GSS). Mediante resolución No. GSSE-0101 resolvieron que: “El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información deberá emitir medidas urgentes de prevención y contención ante posibles amenazas contra la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación de las diferentes instituciones, por lo que surge la necesidad de estructurar la Política Nacional de Ciberseguridad -PNC-, con el objetivo de establecer directrices y lineamientos en diferentes ámbitos para lograr una mejor resiliencia cibernética nacional y garantizar el bienestar de la nación.

En el Ecuador, en el año 2018 se aprobó nuevos instrumentos jurídicos para modificar su política regulatoria. Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 372 de 19 de abril de 2018, se declaró a la mejora regulatoria como política de Estado, la cual consiste en la generación de normas claras (regulaciones de calidad), de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades de la sociedad en su conjunto, a través de lo cual, se deriva en una eficiente gestión gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población.

En este contexto, uno de los componentes clave de una buena política regulatoria ha sido el desarrollo de instrumentos que permitan gestionar las regulaciones de una manera más organizada.

Es así, que la Secretaría General de la Presidencia como ente rector de la Mejora Regulatoria en el país, desarrollo la presente guía con la finalidad de formular directrices y orientar a las entidades con facultades de regulación y control de la Función Ejecutiva, para la elaboración de un plan de mejora regulatoria institucional. Este plan, se convierte así en un instrumento fundamental de planeación regulatoria, transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a los actores y grupos de interés conocer previamente las propuestas regulatorias y emitir opiniones sobre las mismas, fomentando de esta manera su participación activa para un mejor diseño y eficacia del marco regulatorio nacional.