En qué consiste
En aportar con observaciones y comentarios sobre la propuesta modificatoria a los temas relacionados con firma electrónica que se encuentran en la Disposición General Quinta del Decreto Nro. 149 de 20 de noviembre de 2013, mediante el cual se dispuso “LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL, INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDE DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA”, donde se señala:
Los usuarios de INFODIGITAL , así como las autoridades del nivel jerárquico superior deberán utilizar obligatoriamente la firma electrónica, de no hacerlo deberán ser sancionados conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General. La Administración Pública promoverá el uso de las firmas electrónicas por parte de las personas naturales y jurídicas.
De igual manera, esta disposición será de aplicación obligatoria para los servidores públicos que despachen en promedio cinco documentos diarios o más. El promedio de la documentación por servidor realizará la unidad administrativa de la institución a cargo de la gestión documental considerando el mes inmediato anterior
Los aporte registrado en la plataforma podrán ser valorados por todos para destacar los temas más importantes, Al finalizar el proceso estos serán analizados e integrados en la versión final de la propuesta modificatoria del Decreto Nro 149.
Información adicional
Decreto Nro. 149 de 20 de noviembre de 2013 enlace: https://bit.ly/2MRR1zr
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Comentarios (3)
Las sanciones deberían ser progresivas, debido a que al ser un proceso a nivel nacional el proceso de capacitación y familiaridad de todos los servidores públicos tomará un tiempo incluso mayor al de lo previsto por la propuesta del instructivo.
Esta propuesta es fundamental. Se han evidenciados muchos casos en los cuales varias instituciones públicas obligan a imprimir documentos firmados electrónicamente, quitándole validez y haciendo constar como la única forma de presentar la información. Por lo que es un imperativo generar la obligatoriedad de la recepción de documentos firmados electrónicamente en todas las funciones del Estado.
Se podría considerar una sanción leve, hasta lograr masificar y normalizar el uso del dispositivo electrónico, ya que sin duda esto agilitará la gestión entre instituciones.