Consulta pública de la Propuesta de Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2024 - MINTEL
En qué consiste
El objetivo de este proceso participativo es recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, con la finalidad de mejorar la Propuesta de Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2024 - MINTEL.
En la sección comentarios, se encuentra el contenido de la propuesta, donde se puede incluir comentarios y calificar en línea sobre secciones del documento, para lo cual se requiere previamente registrarse en la plataforma.
Los aportes realizados a través de este proceso participativo serán analizados e incluidos (de ser el caso), en la versión final de la Propuesta de Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2024 - MINTEL.
Información adicional
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas –COPyFP, en su artículo 15 señala: “ (...) la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los Ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (…)”.
El Acuerdo MINTEL-MINTEL-2024-0004 tiene como objeto: “Promover el uso de tecnologías digitales para facilitar el ejercicio de los derechos de participación y el involucramiento ciudadano en la formulación de políticas públicas, planes, programas, proyectos, instrumentos de regulación y otros asuntos de interés público, así como en la toma de decisiones, en todos los niveles de participación.”
Comentarios para la versión
Para comentar este documento debes iniciar sesión o registrarte. Después selecciona el texto que quieres comentar y pulsa en el botón con el lápiz.
Comentarios (10)
7. Generar un ecosistema que garantice sostenibilidad a mediano y largo plazo de la inversión en redes de telecomunicaciones, es necesario que se adopte una política de “contribución justa” o “participación justa” (fair share), a fin de que las grandes empresas tecnológicas (las “big tech” ), que han ocasionado un crecimiento exponencial del tráfico de datos que soportan las redes y afectan la sostenibilidad del sector, contribuyan al despliegue de redes de telecomunicaciones, tal y como se ha planteado en Europa, India, y Estados Unidos.
6. Facilitar el despliegue de infraestructura (agilizar plazos y simplificar permisos de despliegue, así como facilitar acceso a infraestructuras del Estado). Esto implica que gobiernos nacionales, regionales y locales, junto con los reguladores, colaboren en la reducción de las trabas burocráticas y los costos administrativos vinculados al despliegue de infraestructuras en las zonas rurales mejorando la coordinación entre las distintas instancias para agilizar los trámites.
La acelerada transformación digital de las sociedades y las economías pone a prueba la capacidad de los gobiernos para diseñar y prestar servicios oportunos y de calidad que se adapten a las expectativas y necesidades cambiantes de hogares y empresas. En este contexto, la creación de un gobierno digital consolidado es fundamental para aprovechar las oportunidades y, al mismo tiempo, gestionar los riesgos derivados de la transformación digital en el sector público. Es necesario, entonces, consolidar la intención de transitar hacia un gobierno digital. Para ello se necesita una gobernanza que contenga y abarque una gobernanza digital que articule a los actores, políticas, recursos y relaciones que hagan factible la implementación de estrategias y programas de gobierno digital.
Se propone incluir la siguiente Estrategia:
- Fomentar e incentivar la expansión y despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, incentivando el uso de las áreas y bienes de dominio público por parte de los operadores de telecomunicaciones, que contribuya con el desarrollo de la industria digital.
- En la política se debería considerar la reinversión del uso del fondo de servicio universal en el sector de telecomunicaciones, así como también, impulsar la expedición del reglamento pendiente para la aplicación del artículo 91 de la LOT, para poder invertir hasta un 50% de la contribución del 1% previsto en el artículo 92 de la misma ley. Con el fin de reducir la brecha digital y aprovechar las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial.
Es clave que el país resuelva la falta de infraestructura digital de última generación y transitar hacia la tecnología 5G. Recomendamos abordar todos los ámbitos que pueden componer la definición de la estrategia de red 5G, desde las implicaciones para un operador, pasando por las estrategias de compartición, incorporación de nuevas tecnologías y proveedores, hasta la definición de modelos de costes. El uso de herramientas punteras de smart capex ayudará a optimizar y priorizar las inversiones en nuevos despliegues.
Es indispensable tomar en cuenta y aplicar una política de asignación presupuestaria, con la finalidad de crear estrategias tecnológicas para la simplificación y automatización de nuevas tecnologías de seguridad digital para un mejor control y gestión de procesos de adjudicación y titulación de la propiedad de la tierra.
Dada la coyuntura actual, se debería considerar en el tema de infraestructura digital, los aspectos de seguridad fìsica de la infraestructura, en casos de revueltas o enfrentamientos se ha visto que las principales infraestructuras de interés público son el blanco para atentados o amenazas. Otro aspecto es la interconectividad o flexibilidad de conección que la infraestructura debe tener entre los diferentes sistemas manejados, para no caer en los problemas, que a razón que determinada área trabaja con un sistema, ese sistema carece de capacidad de sincronización o conección con otros sistemas. Ejemplo la infraestructura del ECU911 no es compatible con todos los sistemas empleados a nivel nacional
Es importante incluir en el sector público el tema de asignación presupuestaria, la verdadera transformación digital a nivel de infraestructura debe venir acompañada de la actualización del parque informático de cada institución, adoptar mecanismos de contratación pública de servicios tecnológicos como enlaces, infraestuctura más simplificados de tipo servicios ya que son considerados básicos para un normal funcionamiento.
2. Fomentar la innovación en tres ámbitos: (i) financiero (i.e., desarrollo de nuevos modelos de negocios con recursos que no vengan solamente del sector sino de alianzas públicas-privadas), (ii) regulatorio (i.e., simplificar marco normativo, eliminando cargas innecesarias) y, (iii) tecnológico (i.e., utilización de nuevas tecnologías con incluso exoneración temporal de índices de calidad e implementación de sandbox regulatorio para adopción de nuevas tecnologías).
3. Asegurar modelos de negocio financieramente sostenibles, lo cual requiere incentivar la colaboración pública-privada, favorecer la compartición de infraestructura para el aprovechamiento de las infraestructuras ya desplegadas y desarrollar políticas de espectro con visión a largo plazo (como pueden ser políticas de compartición de espectro -espectro sharing, agrupamiento de espectro -espectro pooling).
A través de la política se debería impulsar programas de aceleración y digitalización de MIPYMES que posibiliten la incorporación de TIC a sus sistemas productivos. Se debe poner especial atención en soluciones de productividad atacando tres ejes fundamentales: el asesoramiento y la formación, las medidas de apoyo para la creación de soluciones tecnológicas y medidas de apoyo financiero. Entre los ámbitos con los que trabajaría se destacarían las soluciones de ciberseguridad, soluciones de trabajo a distancia, el comercio electrónico, infraestructuras informáticas, plataformas CRM, inteligencia de negocio y planificación de recursos. Para ayudar a las MIPYMES incluso se puede articular a empresas privadas colaboradoras.